Issue

El 11 de marzo de 2016 el Tribunal Penal Sexto de Juicio del Estado de Bolívar condenó a 4 años de prisión y una multa pecuniaria al director del diario Correo del Caroní, David Natera Febres, por los delitos de difamación y calumnia seguidos por Yamal Mustafá, empresario implicado en hechos de corrupción con la compañía estatal Ferrominera Orinoco.

Reglas

Según el estándar de protección de la libertad de expresión del sistema interamericano de protección de derechos humanos, toda restricción a la libertad de expresión, vale decir, “la conducta definida legalmente como generadora de responsabilidad por el abuso de la libertad de expresión”, debe realizarse “a través de la aplicación de responsabilidades ulteriores, las cuales no deben de modo alguno limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el alcance pleno de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa”.

Test tripartito

Por ello, en primer lugar, cualquier restricción debe cumplir con el test tripartito de condiciones básicas para que una limitación sea admisible:

Legalidad formal y material;
La limitación debe estar orientada al logro de objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana;
Las limitaciones deben ser necesarias en una sociedad democráticaspara el logro de fines imperiosos que se buscan; estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida, e idónea para lograr el objetivo imperioso que pretende lograr.

Discursos vinculados al interés público como discursos especialmente protegidos

En segundo lugar, la jurisprudencia interamericana ha establecido que existen ciertos tipos de discursos que reciben una protección especial, por su importancia para el ejercicio de los demás derechos humanos o para la consolidación, funcionamiento y preservación de la democracia. En este sentido, los discursos sobre temas de interés público o vinculados a funcionarios públicos son expresiones que deben ser especialmente protegidas.

En este sentido, la Corte IDH ha afirmado que “la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual se debe tener una mayor tolerancia y apertura a la crítica frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por las personas en ejercicio de dicho control democrático”.

Asimismo, se ha reconocido “que los funcionarios públicos y personalidades públicas posean, por lo general, un fácil acceso a los medios de difusión que les permite contestar los ataques a su honor y reputación personal, también es una razón para prever una menor protección legal a su honor”. Por ello, los funcionarios públicos tienen un menor umbral de protección.

Prohibición de penalizar la opinión o juicios de valor: no existe el delito de opinión

En tercer lugar, el derecho internacional de los derechos humanos establece que nadie puede impedir “la circulación de ideas y opiniones”. Por lo tanto, no existe el delito de opinión, como tal “la opinión no puede ser objeto de sanción”. Como ha señalado la Corte IDH, “la verdad o falsedad se predica sólo respecto a hechos. De allí que no puede ser sometida a requisitos de veracidad la prueba respecto de juicios de valor”.

Estándar de la real malicia

En cuarto lugar, el estándar de real malicia constituye una garantía en asuntos de interés público, que exige que en casos que involucran a funcionarios públicos su reputación debe ser protegida solo por medio de la ley civil, y luego de probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas. En este sentido, en todas las etapas del proceso le corresponde al acusador la carga de la prueba.

Análisis

En julio y septiembre de 2013 el diario Correo del Caroní realizó una serie de reportajes respecto a hechos de corrupción que involucraban a militares, empresarios y funcionarios de la compañía estatal Ferrominera Orinoco. Consecuente a las investigaciones, el presidente de la compañía estatal Radwan Sabbagh fue destituido de su cargo, asimismo tres gerentes de la empresa y el empresario Yamal Mustafá, propietario del diario Primicia y de la empresa Corpobrica, quienes fueron detenidos e imputados por investigaciones del Ministerio Público por delitos de corrupción y tráfico de minerales.

Mustafá demandó al director del diario Correo del Caroní, David Natera Febres, por los delitos de difamación y calumnia. En consecuencia, el Tribunal Penal Sexto de Juicio del estado Bolívar, el 11 de marzo de 2016, emitió una sentencia condenatoria imponiendo una pena de 4 años de prisión y una multa de 1,137.00 unidades tributarias además de imponer una orden restringiendo a Natera de publicar noticias referentes a Mustafá y el caso de corrupción. Asimismo, se instruyó medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación cada treinta días al juzgado. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó sus preocupaciones por la sentencia contra el diario Correo del Caroní al instar al Estado venezolano “apegarse a los más estrictos estándares internacionales en materia de libertad de expresión de forma tal que se les garantice a los periodistas y medios de comunicación ejercer el periodismo sin intervenciones indebidas, y a la sociedad en su conjunto a estar informada”.

No obstante, la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar ratificó la sentencia el 15 de julio de 2016, disponiendo, contra el director del Correo del Caroní, la pena de 4 años de prisión, una multa pecuniaria, inhabilitación política, vigilancia la quinta parte de la condena, presentación cada 30 días ante la Oficina de Aguacilazgo de Puerto Ordaz y la prohibición de salir del país.

Legalidad formal y material: El director del Correo del Caroní, David Natera Febres, fue procesado por los delitos de difamación en acción continuada e injuria agravada en acción continuada previstos en los artículos 442 y 444 del Código Penal venezolano.

En este sentido, la restricción proviene del derecho penal y está establecida en una ley formal. Sin embargo, por otro lado, hay que determinar su legalidad material. Por lo tanto, “es preciso observar los estrictos requerimientos característicos de la tipificación penal para satisfacer en este ámbito el principio de legalidad”.

En primer lugar, se puede identificar que el procedimiento contra Natera no distingue entre dos tipos penales distintos: la difamación y la injuria.

En segundo lugar, la redacción de los tipos penales no excluye los discursos de interés público. Por lo tanto, pueden ser utilizados con un efecto silenciador contra la expresión crítica o disidente.

Por lo tanto, los artículos 442 y 444 del Código Penal venezolano, no cumplen con el principio de legalidad que exige la tipificación penal.

Objetivo imperioso: Las leyes de difamación criminal persiguen la finalidad de proteger el derecho a la honra, que ha sido calificado como un objetivo autorizado por la Convención Americana.

Necesidad en una sociedad democrática: Las restricciones deben establecer claramente la necesidad cierta e imperiosa de efectuar la limitación. Además, “debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo”.

Los actos de figuras públicas se encuentran bajo el escrutinio de la sociedad, como es el caso del señor Mustafá, empresario ligado a relaciones con empresas y funcionarios estatales. Que una figura pública interponga una querella penal contra periodistas por hechos de corrupción que fueron dados como ciertos por las instancias judiciales se constituyen una acto restrictivo a la libertad de expresión, por tanto, no debería haber una necesidad expresa para presentar una querella contra periodistas que hicieron públicas las investigaciones de una persona involucrada en una investigación criminal; por consiguiente, no hubo una necesidad imperiosa para que el Tribunal Penal Sexto de Juicio del estado Bolívar dictamine medidas restrictivas contra director del diario Correo del Caroní.

En este sentido, la existencia de un proceso penal contra David Natera Febres por la serie de investigaciones del diario bajo su dirección no es una restricción necesaria en una sociedad democrática; el Correo del Caroní no tenía la intención de vulnerar la honra de Yamal Mustafá, puesto que las notas de prensa del diario estaban fundamentadas en las investigaciones del Ministerio Público; el Tribunal Penal Sexto de Juicio del estado Bolívar no tuvo el aserto jurídico para condenar al director del periódico, puesto que no hubo una necesidad imperiosa para imponer medidas restrictivas, las cuales inhiben el debate público y desconocen la libertad de expresión y de prensa.

Discursos vinculados al interés público como discursos especialmente protegidos: las expresiones críticas hacia funcionarios públicos deben gozar de una amplia protección. Como ha señalado la Corte IDH: “En la arena del debate sobre temas de alto interés público, no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población.”

En ese sentido, los funcionarios públicos y personas públicas gozan de un umbral de protección menor que las personas privadas. Ello se desprende de su vinculación con temas de interés público. Por lo tanto, deben tolerar expresiones que choquen, irriten o inquieten. Además, cuentas con medios alternativos para defender públicamente su honor, sin requerir la utilización de la legislación penal. En este sentido, a mayor jerarquía del funcionario público o a mayor exposición de una persona al debate público menor su umbral de protección.

Por lo tanto, el procesamiento y la sentencia contra el director del diario Correo del Caroní es una restricción indebida porque no contempla la mayor tolerancia que deben tener las personas que se encuentran implicadas en asuntos de interés y debate público, como lo son los hechos de corrupción.

No existe un delito de opinión: como se ha señalado, no existe el delito de opinión. Aunque la diferenciación no es del todo clara, en el presente caso, se puede concluir que las investigaciones del Correo del Caroní hacen referencia a hechos no a una opinión.

Doctrina real malicia: En el presente caso los tres elementos de la doctrina de la real malicia no se cumplen.

En primer lugar, la protección del honor de Yamal Mustafá se busca por la vía penal. El derecho penal es el medio más restrictivo y debería ser la última ratio. En este sentido, se debería analizar con mucha cautela el recurso de la vía penal en casos vinculados a temas de interés público.

En segundo lugar, el proceso no ha probado que David Natera Febres haya actuado con la intención de difundir noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas; decisión no acertada por el Tribunal Penal Sexto de Juicio y la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado de Bolívar.

En tercer lugar, la carga de la prueba debería recaer en Yamal Mustafá. Sin embargo, las instancias judiciales venezolanas no han exigido mayores elementos probatorios a la parte acusadora, y sin analizar las pruebas de descargo, emitió una sentencia y ratificación de la misma sancionando a David Natera Febres; el poder judicial venezolano no se enmarcó en la legitimidad necesaria para defender la libertad de prensa y expresión de David Natera y el diario bajo su dirección.

Necesidad: la protección del honor es necesaria a través de ciertas restricciones al derecho de libertad de expresión; sin embargo, los actos de figuras públicas se encuentran bajo el escrutinio de la sociedad, como es el caso del señor Mustafá, empresario ligado a relaciones con empresas y funcionarios estatales. Que una figura pública interponga una querella penal contra periodistas por hechos de corrupción que fueron dados como ciertos por las instancias judiciales se constituyen una acto restrictivo a la libertad de expresión, por tanto, no debería haber una necesidad expresa para presentar una querella contra periodistas que hicieron públicas las investigaciones de una persona involucrada en una investigación criminal; por consiguiente, no hubo una necesidad imperiosa para que el Tribunal Penal Sexto de Juicio del estado Bolívar dictamine medidas restrictivas contra director del diario Correo del Caroní, el señor David Natera Febres.

Conclusión

Con estas acciones, el Estado de Venezuela violó la libertad de expresión del director del diario Correo del Caroní, David Natera Febres. En particular, los requisitos para la legítima restricción del derecho a la libertad de opinión y de expresión en el derecho internacional. En este sentido, la República Bolivariana de Venezuela es responsable de la violación del estándar interamericano de la libertad de expresión, conforme el art. 13 de la Convención Americana.

Ver:

https://www.youtube.com/watch?v=EjreqctT2ys

http://www.ntn24.com/video/paso-a-vzla-93222

	Compliant
	Non compliant

International Law on Official Defamation